Por Manuel Navarro –

La crisis económica generó un estado de debacle social a lo largo de la gestión macrista que generó una olla a presión a punto de estallar. El contundente resultado de las PASO apresuró aún más ese proceso.

Por el momento son las organizaciones sociales las que llevan la voz cantante,  con masivas manifestaciones. Los gremios, por su parte, exigen la reapertura de negociaciones pero se mantienen transigentes, abiertos al diálogo, para evitar que una medida de fuerza pueda ser utilizada en su contra.

Mientras tanto, los cierres de fábricas continúan e incluso se incrementaron en las últimas dos semanas, los despidos y suspensiones de trabajadores también aumentaron y el consumo, a pesar de los parches que intentó poner el gobierno con medidas “a la populista”, disminuyó aún más.

La mayoría de los gobernadores (19 en total) decidieron rechazar el paquete de medidas propuesto por Mauricio Macri, por considerar que la decisión tomada unilateralmente por el Gobierno nacional afecta en millones de pesos las cuentas provinciales. Esto -advirtieron los mandatarios provinciales- pondría en riesgo el pago de salarios y la prestación de servicios básicos.

En ese marco, sucedió algo similar a lo que venía ocurriendo con el sindicalismo. Aquelles gobernadores que, si bien nunca habían formado parte de la alianza gobernante, aportaban gobernabilidad y acompañaban muchas decisiones del Ejecutivo nacional, hoy se muestran decididamente en la vereda de enfrente. Tales son los casos de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Omar Gutiérrez y Alberto Weretilneck, quienes firmaron un documento en el que se criticó con dureza el paquete de medidas de Macri que contemplaba la quita del IVA a los productos de la canasta básica, la suba del mínimo no imponible para el pago de ganancias y modificaciones en el monotributo. Es que se trata de impuestos coparticipables, cuyos fondos eran contemplados por las provincias en el presupuesto de este año.

Además, las provincias petroleras rechazaron la fijación de un dólar barato ($45,19) para el petróleo en boca de pozo, lo que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo y también desequilibraría las finanzas de los estados provinciales.

En ese marco, el Gobierno nacional decidió postergar para el 30 de agosto (próximo viernes) el encuentro anual del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que motivó una contundente movilización en Buenos Aires, convocado por la CTA Autónoma, quienes exigen aumentos urgentes.

Las clases trabajadores, más allá de las elecciones y de quién resulte triunfador, necesitan respuestas por parte del Estado. Cada día que pasa, el salario vale menos y más familias caen en la pobreza. El descontento social, que no es nuevo, comienza a ser más palpable en las calles. En el aire ya se siente el olor a pólvora. Será responsabilidad de quienes nos gobiernan evitar el estallido y llevar algo de tranquilidad a los hogares argentinos.