El conflicto docente en Chubut, que también abarca al resto de les estatales, llegó esta última semana a un máximo de tensión tras la muerte de dos profesoras -Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar- en un trágico accidente, mientras volvían de participar de una protesta. En ese marco, el gobernador Mariano Arcioni mandó un proyecto al Parlamento provincial para aumentarse el sueldo en un 100%.

Pero si bien se trata de un conflicto provincial, lo que acontece en Chubut tomó trascendencia nacional, al punto tal que la Ctera convocó a un nuevo paro docente en todo el país, medida de fuerza que tuvo un altísimo acatamiento y al cual, además, se sumó el gremio de les trabajadores de la educación del sector privado. Se trata del segundo paro nacional docente concretado a raíz del conflicto chubutense. El anterior había sido a raíz de la represión parapolicial que sufrió un grupo de maestres que realizaban un piquete.

La violencia comienza a adueñarse de la escena pública y ni la declaración de la emergencia alimentaria, tantas veces planteada como una necesidad urgente, pudo ponerle paños fríos. Es que la inflación sigue acelerándose y la desocupación llegó ya al 10,6% según los últimos registros que datan del mes de julio. Esto implicó que en dos meses 250.000 personas perdieran sus fuentes laborales.

La crisis es evidente y el panorama de cara al futuro próximo es desolador. Más allá de lo que ocurra en las elecciones del 27 de octubre, la situación de la clase trabajadora argentina será desesperante y se vuelve cada vez más necesario alcanzar un pacto social que siente las bases para comenzar a reconstruir un nuevo modelo inclusivo, que atienda a las demandas más urgentes de la sociedad como primera medida y a partir de allí comenzar un nuevo proceso de crecimiento y, paralelamente, de distribución de la riqueza.

Pero un pacto social necesita de la voluntad de todes.  Polítiques, empresaries, sindicatos y movimientos sociales, deberán sentarse en la mesa, dejando egos de lado. Este es el planteo que el candidato del Frente de Todos a la presidencia, Alberto Fernández, ya planteó y sobre el cual ya comenzaron a trabajar la CGT y la Confederación General Empresaria (CGERA).

El objetivo de este acuerdo será poner el eje en la producción y en el trabajo, para poner nuevamente en marcha la industria nacional. Luego sí, se deberá combatir la inflación y reconstruir el poder adquisitivo de les trabajadores argentines, el cual cayó estrepitosamente al subsuelo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las demandas salariales, legítimas y necesarias, no podrán ser atendidas si antes no se vuelve a la senda de la producción y se revierte el contexto de constante pérdidas de puestos laborales, generando trabajo. No se trata de nada novedoso. Ya se hizo; y no hace mucho.